Radicalismo de Estado.


Los casos: Alfonso L. de la Fuente, Raúl García, Rita Maestre y Natividad López.

Las alarmas han saltado de nuevo con las últimas actuaciones del Estado a través del Ministerio, del Fiscal, del ICAM y la Generalitat en Cataluña ordenando acciones policiales y judiciales contra titiriteros, manifestantes y personas que reclaman que se garanticen sus derechos, dignidad y justicia hacen pensar que los últimos coletazos de la última mayoría absoluta en España será recordada por la radicalización y desproporción de sus acciones.

I – la detención durante cinco días de Alfonso Lázaro de la Fuente y de Raúl García integrantes de la compañía Títeres desde Abajo acusados de enaltecimiento del terrorismo por representar la obra La Bruja y Don Cristóbal (obra inspirada en el Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca).

Independientemente del error reconocido por que la obra no era apta para todos los públicos y si se comunicó o no la organización, así como las responsabilidades que podrían derivarse, hasta la fecha la sátira no es un delito tipificado en este país. La presión de asociaciones, ciudadanía y otras formaciones políticas hicieron posible la liberación de los artistas. La situación se hacía insostenible por ridícula y a pesar de ser liberados fueron acusados de incitación, odio y hostilidad, obligados a entregar el pasaporte y tener que presentarse ante las autoridades diariamente. Una batalla ganada en una guerra tan desproporcionada como injusta.

II – Rita Maestre, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Madrid con Podemos, la acusan de profanación, escarnio u ofensa según los artículos 524 y 525 del Código Penal por una acción de protesta que realizó hace cinco años, en la que un grupo de poco más de 20 personas reivindicaban frente a la capilla de la Universidad Complutense que la universidad no es lugar para espacios religiosos, algo que debería darse por hecho. Clama al cielo ver como la justicia pide responsabilidades sólo a 2 de las más de 20 personas que formaron parte de esta protesta, en concreto, a quien tiene responsabilidades políticas con Podemos.

No hay nada más injusto que criminalizar a una víctima. Por eso tenemos que solidarizarnos y mostrar apoyo a todas las personas que estan siendo objeto de actuaciones policiales y judiciales por decisiones políticas, como los dos primeros casos presentados. También en el tercero, aunque por motivos diferentes, la actuación de una administración que no persigue costes políticos como en los anteriores, pero que choca frontalmente con el legítimo ejercicio de la protesta cívica para reclamar justicia y dignidad.

III –  Naty López, vecina del barrio de Bellvitge de L’Hospitalet fue denunciada por el ICAM por la acampada protesta que inició en octubre de 2015 y por causar desperfectos en la sede de Vallcarca por valor de 100 €. El juicio previsto para el pasado 16 de febrero se celebrará el 12 de mayo. El motivo del aplazamiento se debe a que la Generalitat de Catalunya se añade a la denuncia acusándola de coacciones. ¿Manifestarte pacíficamente es coaccionar?

Las dos primeras acciones, totalmente políticas, por un lado pretenden lesionar políticamente al gobierno de Carmena y por otro lado intentan desestabilizar la negociación para la más que posible entrada en el gobierno de Podemos, en coalición con PSOE e IU-UP.

El caso de Naty es diferente pues ejerce una acción de protesta denunciando que el ICAM le ha dado el alta de forma obligatoria cuando sigue recuperándose de una grave enfermedad y a la espera de la resolución de juicio que resuelva sobre su invalidez.

No tiene sentido que después del daño causado a esta persona la Generalitat de Catalunya añada la acusación por coacciones, demostrando una brutal falta de sensibilidad ante el sufrimiento de Naty, en este caso por la falta de atención para atender su situación y la desproporción injusta que recibe como respuesta. No es ese precisamente el trato que los ciudadanos y las ciudadanas queremos recibir de las administraciones públicas.

Una misma acción, motivos diferentes para tres casos que tienen en común el sufrimiento al tener que soportar la desproporción de los que en el poder son injustos evidenciando que no les era suficiente con la aprobación de la Ley Mordaza o la privatización de la sanidad pública en Cataluña.

Días contados. El próximo gobierno de coalición de izquierdas tiene en uno de sus pilares la sensibilidad hacia las personas y la atención de sus problemas desterrando definitivamente las mayorías absolutas y al neoliberalismo voraz que definen las políticas del Partido Popular, que abandonó hace mucho tiempo a las personas, tanto a los que les votaron como a los que nunca lo hemos hecho.

Julio Anguita habló sobre el “nacimiento de la moral del esclavo”, lo han intentado, pero no lo han conseguido, a pesar de las formas, a pesar de los esfuerzos.

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